El pasado 26 de marzo, el abogado Abelardo De La Espriella hizo público, a través de sus redes sociales, el caso de violencia ejercida por parte de Julio César González Quiceno, más conocido como Matador, contra su esposa Alejandra María Valencia en el año 2013.
Ante esto, la misma Valencia manifestó que no fue consultada por parte de la Fiscalía ni del abogado, para revelar esta información que corresponde a su vida íntima. Además, confirmó que aunque el audio circulado por De La Espriella se basa en la denuncia que realizó en su momento, no es ella quien habla.
Esta situación, más allá de la responsabilidad que recae en Matador por sus actos violentos, ha generado la revictimización sobre Valencia y su familia, por una confrontación que parece tener tintes políticos. No hubo consentimiento, y su información confidencial está siendo posiblemente usada como mecanismo de venganza en contra de Matador por sus posturas políticas.
Por esta razón, manifiesto mi preocupación por los manejos que la Fiscalía a cargo de Francisco Barbosa le ha dado a este caso, al no brindar garantías ni proteger el derecho a la intimidad de la víctima y su familia, y exijo que aclare públicamente cómo una información privada, de manejo exclusivo de la Fiscalía, terminó siendo manipulada y circulando en la opinión pública.
Todas las víctimas de violencia deberían poder acudir a la justicia con la confianza y garantía de que todos sus derechos serán protegidos, sin estar expuestas al escarnio público.