“Aquí hay gente de paz, gente que quiere aprender a trabajar sin dañar el medio ambiente pero consiguiéndonos el sustento, la salud y la educación de nuestros hijos y nietos, es todo lo que pedimos: poder trabajar ¿acaso se cree que con hambre se vive en paz?” Lideresa minera y campesina de Tarazá
El pasado viernes 24 de marzo participamos de la misión humanitaria para verificar la situación social en el Bajo Cauca. Con ella, Congresistas de la República hicimos presencia en Caucasia, Cáceres y Tarazá y escuchamos a las autoridades locales: ejército, policía, alcaldías y defensoría de pueblo, así como también a las organizaciones de la sociedad civil y comunidades mineras, campesinas, jóvenes, víctimas, agricultores y JAC.
Dicha misión hace parte del ejercicio legislativo participativo, con el propósito de seguir la situación de orden público, que ya completa 25 días, y de búsqueda de salidas institucionales a corto, mediano y largo plazo a materia social y ambiental.
Es importante resaltar que, por primera vez asistimos a una situación en donde los actores armados se avergüenzan de la violencia y no asumen la autoría de las acciones, se la adjudican a otros, en épocas anteriores se disputaban por ser el más violento en el territorio: a pesar de la existencia de múltiples actores armados ilegales, ninguno se ha atribuido la situación crítica que se vive en la actualidad.
La sociedad en general rechaza este tipo de accionar, en este caso la defensoría señaló que ha documentado diferentes repertorios violentos como: extorsiones, casos de reclutamiento a jóvenes y menores de edad, reducción de movilidad y confinamiento, desabastecimiento, agresiones contra misión médica, entre otros hechos que deben generar nuestro repudio.
De la misma manera, es necesario rechazar la muerte violenta como práctica sistemática, casi naturalizada, en la región: de ninguna manera puede seguir siendo parte de la sociedad del Bajo Cauca y su vida cotidiana. Recordemos que defender la vida significa considerar que el ser humano y la naturaleza son co-dependientes y, en ese sentido, que no podemos seguir hablando de la defensa de la vida humana sin proteger y salvaguardar los ecosistemas.
Insistimos en la construcción de la paz total; sólo con ella podremos desenredar y darles trámite a los conflictos asociados al territorio y la garantía de derechos sociales y ambientales.
Algunas de las soluciones mencionadas por la comunidad para este entramado son: desestigmatizar la práctica de la minería ancestral, diversificar sus actividades productivas, titulación y reparación a víctimas del conflicto con tierras productivas para actividades agrícolas, continuidad de los acuerdos como el censo y caracterización de mineros, y sobretodo que cualquier solución incluya a las comunidades afectadas.
Finalmente reitero mi llamado a la sociedad civil para que siga organizándose y sea la constructora de la paz real, ese anhelo que no podemos abandonar. En ese sentido, queda la invitación a toda la comunidad a participar de los “Diálogos municipales por la paz y la vida”, próximos a realizarse el 30 de marzo en Tarazá, Nechí, Cáceres y 31 en El Bagre, Caucasia y Zaragoza municipios de la región, convocados por el Gobierno Nacional.