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Las bases presentadas recogen el resultado de más de 50 espacios de participación con cerca de 14.000 ciudadanos y contó con el acompañamiento de instituciones del gobierno.

En el recinto del Senado se presentó el informe en compañía de congresistas, ciudadanía, organizaciones y empresas.

Este jueves fueron presentados los resultados de los espacios de participación realizados por la Comisión accidental del Congreso para examinar y actualizar la política minera del país. En el recinto del Senado cerca de un centenar de personas, de manera presencial, y más de 200, de manera virtual, escucharon los principales hallazgos de este proceso que contó con 28 audiencias públicas en 19 departamentos, 4 foros temáticos,10 mesas técnicas y 8 reuniones sectoriales.

Algunos de los principales problemas que se expusieron como fruto de dicho trabajo fueron los asociados a los conflictos sobre las áreas para la minería, conflictos con otros intereses en el territorio, la ineficacia en el ejercicio de autoridad y la inequidad en las condiciones de acceso.

En este evento fueron socializados las bases para una nueva ley minera que incluya: la armonización e integración normativa, con incorporación de órdenes judiciales y estándares internacionales; la articulación institucional, la descentralización de la autoridad minera y fortalecimiento de autoridades territoriales; la concertación territorial y la garantía de acceso a información pertinente. También se nombró la necesidad de fiscalización y control con énfasis en prevención y gestión de riesgos, y las medidas para el manejo de pasivos y cierre de minas; la adopción de un enfoque diferencial (étnico, territorial, de género y por escala y tipo de mineral) y la recuperación de áreas.

Dentro de las conclusiones de la socialización  se destacan la necesidad de cambiar el carácter presuntivo de la utilidad pública de la minería para pasar al carácter demostrativo (caso a caso) y también que sean declaradas algunas zonas mineras que permitan mayor regulación, control y fiscalización de la actividad minera con el fin de combatir las injustas cargas sociales y ambientales a las comunidades, fuente de la multiplicidad de conflictos sociales y ambientales que se viven en Colombia.

El informe presentado hace parte de  la ruta que los legisladores le exponen al ejecutivo y autoridades relacionadas con la reforma del Código de minas. Ahora los congresistas esperan que el primer borrador del proyecto de Ley Minera sea expuesto por el Ministerio de Minas y Energías en la  Convención Nacional Minera, convocada por el presidente Gustavo Petro para el mes de Mayo, y que éste recoja el trabajo realizado por la Comisión  con el fin de comenzar la deliberación ciudadana sobre este tema. Este proceso cuenta con un respaldo de más de 14.000 ciudadanos que hicieron parte de los espacios que abrió la Comisión con este propósito.

¿Quiénes integran la comisión?

La Comisión tiene un carácter bicameral y multipartidista, con congresistas de diferentes Comisiones Constitucionales. De sus espacios participaron congresistas de gobierno, e incluso en la socialización lo hicieron dos representantes de la oposición del Centro Democrático, lo cual es muestra del interés y del trabajo articulado hacía una nueva ley para el sector minero.

La comisión es presidida por la senadora Isabel Cristina Zuleta y la representante Karmen Ramírez y de ella hacen parte los senadores: Aída Avella, Iván Cepeda, Robert Daza, Imelda Daza, Aida Quilcué, Polivio Rosales, Pablo Catatumbo, Guido Echeverri y Alberto Benavidez. Por su parte, los  representantes que la integran son: Leyla Rincón, Pedro Baracutao, Ermes Pete, Gabriel Parrado, Andrés Cancimance, Norman Bañol, Jairo Cala, Eduard Sarmiento, Carolina Giraldo, Wilder Escobar, Cristian Avendaño, Juan Carlos Vargas, Erik Velasco y Juan Pablo Salazar.