“Respaldamos exigencias del campesinado ante las irregularidades demostradas de la OEI en la ejecución del PNIS en Antioquia”
Isabel Zuleta
El próximo 15 de junio iniciará la liquidación participativa del contrato ejecutado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en Antioquia (PNIS), producto de las irregularidades denunciadas por la población campesina perteneciente al Programa.
A través de una mesa de concertación participativa, que contará con la presencia de delegados y delegadas de los municipios de Anorí, Briceño, Cáceres, Tarazá e Ituango, el Fondo Colombia en Paz (quien administra el contrato) y la OEI, se definirá la ruta y los mecanismos para darle fin a este contrato, a la vez que se garantiza el cumplimiento del Programa en los territorios.
Esta liquidación participativa fue pactada el pasado 26 de mayo durante el Consejo Asesor Territorial del PNIS, realizado en Medellín, donde líderes y lideresas de los diferentes municipios denunciaron malos tratos e irregularidades en la ejecución de los proyectos por parte de la OEI. El compromiso fue ratificado por el director nacional del PNIS, Felipe Tascón, ante los líderes campesinos, la OEI, organismos de control como la Procuraduría delegada para el cumplimiento del Acuerdo de Paz, y esta curul, que acompañó activamente el espacio.
Como parte de la ruta de concertación, entre el 31 de mayo y el 8 de junio se desarrollaron reuniones en los cinco municipios beneficiarios del Programa, espacios que fueron fundamentales para la participación y seguimiento a los compromisos.
Desde nuestra curul estuvimos acompañando los encuentros de Anorí y Tarazá, donde pudimos evidenciar las inconformidades y denuncias de las comunidades campesinas, quienes a través de derechos de petición individuales y colectivos reiteraron los malos manejos de los proyectos por parte de la OEI.
Las denuncias realizadas en los territorios, así como durante el Consejo Asesor Territorial realizado Medellín, evidenciaron la entrega de insumos por encima de los costos comerciales, de mala calidad, y alejados de las necesidades de las familias; ganado enfermo y con un peso inferior al acordado; pagos en efectivo de manera fraudulenta, y actas de entregas que nunca se hicieron.
En Tarazá, además, líderes denunciaron que, pese al acuerdo de liquidación, este operador sigue enviando técnicos a los territorios, y haciendo firmar documentos con engaños, para presionar la continuidad de su contrato.
Cabe mencionar, además, que estas denuncias no solo se han realizado en el departamento de Antioquia, sino en otros departamentos donde se ejecutó el Contrato de Prestación de Servicios 262 del 2020, celebrado entre el Fondo Colombia en Paz y la OEI, como Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
Es por estas razones que reiteramos nuestro compromiso con la población campesina, a quienes acompañamos en sus denuncias. Así mismo, respaldamos el inicio de la mesa con el Fondo Colombia en Paz y la OEI en Antioquia, y les exigimos que aclaren lo sucedido y respondan a las comunidades por los incumplimientos e irregularidades.
No puede ser que uno de los programas más costosos del país, fundamental para el cumplimiento del Acuerdo de Paz, se dilate y esfume con operadores que atentan contra la dignidad del campesinado colombiano. Seguiremos prestando nuestro acompañamiento y estaremos vigilantes de este proceso.