Las iniciativas buscan prevenir conflictos de intereses en los más altos cargos del Estado y restablecer los aportes de usuarios industriales para financiar los subsidios de los estratos 1, 2 y 3.
Bogotá D. C., 30 de septiembre de 2026. La senadora Isabel Zuleta radicó este miércoles ante el Senado de la República dos iniciativas: el Proyecto de Acto Legislativo 019 de 2026, que propone exigir la nacionalidad colombiana exclusiva para ejercer la Presidencia y la Vicepresidencia, y el Proyecto de Ley 273 de 2026, que busca restablecer la contribución de usuarios industriales a la financiación de los subsidios de energía eléctrica.
Prohibición de la doble nacionalidad para la Presidencia y la Vicepresidencia — Proyecto de Acto Legislativo 019 de 2026 Senado
Esta iniciativa propone modificar la Constitución para que quienes aspiren a la Presidencia o la Vicepresidencia no posean otra nacionalidad al momento de inscribir su candidatura ni durante el ejercicio del cargo.
El propósito es prevenir posibles conflictos de deberes o intereses derivados de mantener vínculos de nacionalidad con otro Estado, considerando las responsabilidades de estos cargos en materia de relaciones internacionales, defensa, seguridad nacional, Fuerza Pública y política exterior.
La propuesta no prohíbe la doble nacionalidad para los colombianos en general: establece una condición específica para acceder a estos dos cargos. Su exposición de motivos aclara que no presume deslealtad de las personas con doble nacionalidad ni equipara esa condición con traición.
Aportes de industrias y grandes consumidores al fondo de subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3 — Proyecto de Ley 273 de 2026 Senado
Este proyecto propone eliminar la exención de la contribución del 20 % en el servicio de energía eléctrica para usuarios industriales. Con ello, estos usuarios aportarían, junto con los estratos 5 y 6 y los usuarios comerciales, al Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso, que financia los subsidios de los hogares de menores ingresos.
La iniciativa también establece el pago de la contribución por parte de usuarios no regulados, la cobertura de los recursos faltantes con cargo al presupuesto nacional y la identificación clara del aporte y del subsidio recibido en las facturas.
Según la exposición de motivos, la exención industrial benefició a 23.772 empresas y representó cerca de $1,7 billones en contribuciones no facturadas en 2023. El proyecto busca restablecer esos aportes y fortalecer la equidad y la sostenibilidad financiera del sistema de subsidios de energía.
Con estas iniciativas, la senadora busca defender la soberanía y proteger a los hogares frente al aumento de los precios de la energía que, según advierte, proyecta el Gobierno de Abelardo de la Espriella, al que califica de ilegítimo.
