Como Senadora de la República me uno al llamado realizado recientemente por la Defensoría del Pueblo – Regional Antioquia, sobre la situación de derechos humanos, por las amenazas a líderes sociales y el asesinato de miembros de la Juntas de Acción Comunal (JACs) y de comerciantes en el municipio de Ituango, la necesidad de prevención del desplazamiento forzado y el reclutamiento forzado. Es preocupante la difícil situación que afrontan algunas veredas y corregimientos, en donde existe un temor generalizado por la presencia de actores armados (señalados en la alerta temprana 004 de 2020).
En este documento se alerta sobre amenazas y actuaciones en contra de estudiantes y profesores que sufren visitas constantes de grupos al margen de la ley en las instituciones educativas del municipio. Enciende las alarmas el hecho de que en menos de tres meses se hayan registrado cuatro (4) casos de reclutamiento (tres menores y un mayor de edad) y el desplazamiento de cinco (5) familias en el municipio. Los campesinos denuncian que se aumentó la presencia de grupos paramilitares en los últimos meses en las veredas, que están patrullando a todas horas las carreteras y exigen los listados de cada miembro de la comunidad; además, han aumentado los enfrentamientos en los que ha quedado la población en medio del fuego cruzado entre ilegales; pero lo peor de esto es que denuncian que en Ituango no hay institucionalidad, el alcalde no responde y ante la visita de funcionarios nacionales les recibe en estado de embriaguez sin ningún interés por la situación de seguridad del municipio.
En este sentido, hago un llamado a las autoridades municipales, departamentales y nacionales para abordar la grave situación que vive el municipio del norte de Antioquia. Es necesario un trabajo articulado para ofrecer soluciones y que se prevengan más violación a los derechos humanos de las y los ituanguinos