Bogotá, 26 de agosto de 2025. En la Comisión Quinta del Senado de la República continuó este martes el debate de control político a las corporaciones autónomas regionales CORPOURABÁ y CODECHOCÓ, citado por la senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico. Esta sesión dio continuidad al debate iniciado el pasado 23 de abril y estuvo marcada por denuncias sobre la ineficacia, la negligencia y los presuntos actos de corrupción que, según la congresista, amenazan el patrimonio ambiental de la Nación.
Isabel Zuleta advirtió que en CORPOURABÁ la Contraloría ha identificado un presunto detrimento patrimonial, donde recursos públicos habrían sido destinados a fines injustificados como fiestas, adornos navideños, anchetas, grupos musicales y viajes. En su intervención, la senadora subrayó que la autonomía de las corporaciones no puede confundirse con la falta de rendición de cuentas, recordando que la ausencia de estas entidades en los espacios de control político refleja también un irrespeto hacia la ciudadanía.
El debate contó con voces de las comunidades. Un delegado de varios consejos comunitarios del Chocó denunció la falta de respuesta de CODECHOCÓ y la vulneración al derecho a la información, así como el desacato de órdenes judiciales. Por su parte, líderes de consejos comunitarios de Urabá señalaron la invisibilización de los impactos del proyecto Puerto Antioquia, que ha afectado gravemente a los pescadores de la región en lo económico y en lo ambiental, sin que CORPOURABÁ haya tomado medidas oportunas. También exigieron continuidad y apoyo a los proyectos de protección de las tortugas marinas.
Durante la sesión, la senadora reveló que ambas corporaciones presentan un patrón de irregularidades en su gestión administrativa, financiera y ambiental. Se refirió a la violación de leyes como la Ley 1333 de 2009 y la Ley 2387 de 2024, al archivo sistemático de procesos sancionatorios sin criterios técnicos, a la prescripción de investigaciones por falta de diligencia y al incumplimiento en la destinación de los recursos obtenidos por sanciones y multas. También señaló irregularidades en la expedición de permisos, concesiones y licencias ambientales, así como las reiterados hallazgos de la Contraloría y la Procuraduría que no se corrigen pese a los planes de mejoramiento ordenados en cada auditoría.
En el debate estuvieron presentes el director de CORPOURABÁ, Jorge David Tamayo, y el director de CODECHOCÓ, Arnold Alexander Rincón López, quienes expusieron los enfoques misionales y el trabajo que realizan las corporaciones autónomas. Al respecto, la senadora concluyó que no dieron respuesta a las preguntas de la citación y que recurrieron a evasivas para afrontar las dificultades expuestas en informes de la Contraloría y la Procuraduría. Recordó, además, que tuvo que interponer tutelas para que le respondieran a sus derechos de petición. Zuleta recalcó que quienes tienen la responsabilidad de ejercer control ambiental son las CAR, y que resulta un irrespeto desestimar los llamados de la comunidad. Insistió en que deben escucharlas y acompañarlas, especialmente en casos como las afectaciones a los pescadores por el proyecto de Puerto Antioquia.
Para la senadora, el problema de fondo es que los recursos públicos no se están invirtiendo en la protección ambiental ni en la defensa de los ecosistemas, lo que deja en la indefensión a las comunidades que habitan y defienden los territorios. Finalmente, hizo un enérgico llamado a garantizar el derecho a la información, a fortalecer la transparencia en la gestión de las CAR y a asegurar la protección real del patrimonio natural del país.
