Un nuevo paro minero está en ciernes con alcances en varios departamentos del país. Frente a esa situación se hace necesario plantear algunas reflexiones emanadas de una curul que está en contacto permanente con organizaciones y territorios mineros.
Esta curul ha hecho acompañamiento, seguimiento e incluso mediación a los conflictos mineros del Nordeste, Bajo Cauca y Occidente antioqueño. Además, hemos trabajado con organizaciones y territorios mineros de Chocó, Caldas, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, entre otros.
Desde los primeros brotes de paros y protestas mineras en las diferentes subregiones del departamento de Antioquia en 2022, estuvimos acompañando las acciones del gobierno al punto de sentarnos en Guarumo, corregimiento de Cáceres, logrando unos acuerdos que posibilitaron el levantamiento de ese paro. En marzo de 2023 lideramos la Misión Humanitaria en Caucasia, Cáceres y Tarazá, que ayudó a superar otro de los paros mineros que se presentó en esa época. En el marco de la reforma al código de minas, recorrimos todos los municipios mineros de Antioquia y del país, recogiendo los principales sentires, temores y problemáticas de las familias mineras tradicionales y ancestrales. Caracterizamos los tipos de minería que hay en el Bajo Cauca, desde las más tradicionales pasando por los dragones brasileños hasta llegar a la megaminería que opera con la fusión de capitales nacionales y extranjeros. Dimos cuenta de los atropellos socioambientales y laborales de las grandes empresas mineras en Buriticá, Segovia, Yolombó, San Roque y El Bagre.
En síntesis, la curul ha estado, sin descanso, pendiente del quehacer de las organizaciones de pequeños mineros en las tres subregiones arriba señaladas (visitas a terreno, audiencias, reuniones en ciudades capitales, reuniones virtuales, etc.). Lo anterior nos permite tener conocimientos de causa a partir de lo cual presentamos en siguiente análisis:
- El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, lleva 2 años atacando la pequeña y mediana minería del Nordeste y Bajo Cauca, incluso la que se ha comprometido a formalizar sus actividades mineras, previa caracterización. En ese punto se requiere que la Fuerza Pública y el Ministerio en mención conozcan los registros de caracterización que la Gobernación de Antioquia, el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería (ANM) han hecho.
- Entendemos que los ataques a la pequeña y mediana minería están en el marco de la estrategia de romper las fuentes de financiación a la criminalidad. Sin embargo, se sabe que la megaminería legal (transnacionales mineras para ser precisa) en el Nordeste, Bajo Cauca y Occidente antioqueño tributa (por muchas vías) a las estructuras criminales de estas zonas. Las estructuras criminales incrementan mucho más sus rentas, como es apenas obvio, succionando dinero de las grandes empresas mineras que de la pequeña y mediana minería. Entonces, ¿cómo es posible que los ataques se centren en esta población y, en cambio, a la megaminería, que incide más en la criminalidad y tiende a ser más destructora de los ecosistemas, se le permita continuar en su actividad sin la presión de la fuerza pública?
- Este hecho, el ataque a la pequeña y mediana minería, ha desprestigiado al Gobierno del Cambio entre la población minera que ha apoyado las reformas fundamentales a la sociedad colombiana, muy especialmente, la reforma al código de minas. Las manifestaciones de dolor, rabia y rechazo a las acciones militares del Ministerio de Defensa y a la ANM, se traducen en manifestaciones de dolor rabia y rechazo al gobierno que preside Gustavo Petro. Las familias mineras artesanales-tradicionales y los territorios de ancestralidad minera han estado, por décadas, sometidos a los vejámenes del gran capital y a todos los repertorios de violencias que ha padecido este país. Estos pueblos quedan en la mitad de fuegos cruzados y terminan siendo, una vez más, víctimas de todos los actores poseedores del gran capital y las armas. No podemos permitir, como gobierno progresista que pone en el centro la vida, que este grupo poblacional siga siendo víctima de problemas estructurales (históricos, de honduras económicas) cuya solución son reformas estructurales y la paz total. No puede ser posible que las instituciones estatales (Fuerza Pública, Ministerio de Defensa y Agencia Nacional de Minería) de un gobierno popular sigan protegiendo la megaminería y atacando a la pequeña y la mediana.
- A pesar de las gestiones, los trabajos rigurosos enunciados en este documento y el acompañamiento a los pueblos mineros, nosotros como curul representante de esos territorios, quedamos en un lugar complejo porque tenemos que asumir la carga de los incumplimientos a los acuerdos. Los ataques a los entables mineros han tomado tinte de vulneración a los DDHH (por vulnerar el derecho al trabajo, incumplir pactos y destruir bienes de familias mineras tradicionales) y como líder social y ambiental que ha ejercido la defensa de los Derechos Humanos no puedo omitir que, en el contexto del problema, este fenómenos se está presentando y tengo que denunciarlo.
La práctica minera es una de las tantas expresiones culturales y económicas de tipo rural-campesina que se ha desarrollado por siglos en lo que hoy es Colombia. Las subregiones antioqueñas del Nordeste, Bajo Cauca y algunas poblaciones del occidente han aprendido y enseñado, por generaciones, la minería. Han vivido de la minería y construido comunidades a través de esta. Es, por tanto, una práctica ancestral y tradicional en las subregiones aquí mencionadas. Los pueblos y comunidades mineras ejercían este oficio mucho antes de que la megaminería, legal e ilegal (con capitales nacionales y/o transnacionales), se instalara en los territorios; por ende, estas comunidades mineras que se preparan, nuevamente, para movilizarse, han sido despojados violentamente, una y otra vez, de sus territorios (tierra, ríos, ciénagas, bosques, peces, aves…) y, con ello, han resquebrajado de su cultura. Son víctimas del desarrollo.
Los pueblos de tradición minera y las familias mineras ancestrales no son criminales. Las estructuras criminales nutren sus finanzas de la explotación minera pero la pequeña y mediana minería, inmersa en un contexto de violencia y criminalidad, no puede ser catalogada, per sé, como un actor que ejerce el crimen. Una mezcla de reforma al código minero y paz total es la salida estructural al problema. Mientras ello ocurre, debemos respetar los acuerdos, revisar con cuidado las caracterizaciones que se han hecho, acelerar la formalización y hacer seguimiento riguroso a la megaminería que causa mayores impactos negativos a los ecosistemas y a los vínculos comunitarios.