Tras más de dos décadas de desconocimiento de la población negra en Urabá y de su derecho a la consulta previa por los impactos en la construcción de Puerto Antioquia la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP), del Ministerio del Interior, se reunió con los consejos comunitarios Los Mangos, Los Manatíes, Martín Luther King y Bahía Colombia, y la Asociación Interétnica Campesina del Urabá (ACICU). El encuentro tuvo lugar el 2 de mayo en el corregimiento Nueva Colonia, municipio de Turbo, Institución Educativa 29 de Noviembre.
El espacio fue convocado por la DANCP, pero fue promovido por esta curul en apoyo a las organizaciones afrocampesinas que lo solicitaron y como respuesta a la orientación del propio presidente Petro. A dicho espacio también llegaron líderes de otras comunidades afrodescendientes que dijeron oponerse a la consulta previa, con discursos y arengas agresivas, acompañadas de pasacalles y carteleras, algunas de las cuales las sostenían estudiantes del plantel educativo.
Pese a los evidentes esfuerzos realizados para sabotear el espacio e impedir que el Ministerio del Interior avanzara en el proceso de análisis de procedibilidad de la consulta, las organizaciones étnicas convocadas presentaron a la DANCP sus análisis y evidencias sobre las afectaciones a sus territorios, señalando una serie de irregularidades que a lo largo de todo este tiempo han posibilitado que el proyecto portuario se esté culminando sin reconocer sus impactos sobre la población asentada en el Golfo de Urabá.
El airado tono contra quienes reclaman la consulta, el uso de menores de edad en la confrontación y el despliegue de publicidad son la evidencia de la cooptación de líderes que la empresa ha venido ejecutando para eludir la obligación democrática, lo que hoy se traduce en una división que no solo pone en riesgo los derechos de la población sino que amenaza con escalar a dinámicas violentas y permanentes como las que hoy enfrenta el puerto de Buenaventura.
No debemos repetir errores. La exclusión no se puede seguir tapando con maniobras de chantaje y corrupción, y mucho menos utilizando niños y niñas (en lo que tendrá que intervenir el Ministerio de Educación); tampoco negando el reconocimiento a la organización étnica y la titulación colectiva, para sostener que no hay sujeto de consulta. En Urabá no se puede repetir la historia permitiendo que otra mega obra se levante atropellando derechos fundamentales y mucho menos con la semilla de la intimidación, la estigmatización e incluso la violencia simbólica como lo está haciendo este proyecto portuario.
La consulta previa es irrenunciable como derecho fundamental, las comunidades son libres de participar pero no de imponer su negación a toda la población afro. El Ministerio del Interior debe brindar las garantías para que la población negra de Urabá no termine marginada, detrás de un gran muro hecho para esconder la miseria y las guerras por la sobrevivencia. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) debe garantizar que se documente esta afectación y todas las que surjan en lo social, ambiental y cultural, que se tomen las medidas de carácter urgente para mitigar este tipo de impactos. Es evidente que el Proyecto Puerto Antioquia no está cumpliendo con la normatividad ambiental y social de nuestro país y tampoco con las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). No se trata de responsabilidad social empresarial, es sobre todo sostenibilidad de los proyectos, desarrollo territorial y justicia socioeconómica y ambiental. Esta curul seguirá insistiendo en la defensa de derechos de la población afectada por este y todos los megaproyectos en el país, en consonancia con el principio progresista de salvaguardar los ecosistemas vitales, la permanencia en los territorios en condiciones dignas y productivas y los liderazgos sociales y ambientales como sujetos fundamentales del quehacer político.
