El agua (dulce y salada) es la garantía de la vida en los ecosistemas y, por tanto, no es represable, degradable ni privatizable. Una política de respeto a las fuentes hídricas y de gestión comunitaria de las mismas debe ser compatible con no seguir acumulando población en centros urbanos inviables desde el punto de vista ambiental y que precisan de recursos hídricos (así como energéticos) de alto valor para todos los territorios.
