- La Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado concluyó que no se configuraron las causales de tráfico de influencias ni violación del régimen de incompatibilidades invocadas por los demandantes, en relación con el evento realizado el 21 de junio de 2025.
- Un nuevo fallo deja en evidencia que las actuaciones de la congresista se han dado en el marco de sus funciones como coordinadora del proceso de paz urbana para Medellín y el Valle de Aburrá.
En sentencia del 15 de abril de 2026, el Consejo de Estado negó la solicitud de pérdida de investidura contra la senadora Isabel Cristina Zuleta López y ratificó su permanencia en el Congreso de la República.
El alto tribunal determinó que no existió prueba de que la senadora hubiera invocado su investidura para influir en decisiones administrativas, ni que hubiera obtenido beneficios indebidos. Por el contrario, estableció que sus actuaciones se dieron en el marco de su designación como delegada del Gobierno nacional en el proceso de paz urbana.
Asimismo, el fallo reconoce que su participación en el Espacio de Conversación Sociojurídico para la Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá responde a una delegación legítima del Presidente de la República, orientada a avanzar en la construcción de paz, conforme al mandato constitucional que establece la paz como un derecho y un deber.
Esta decisión coincide con el concepto emitido por la Procuraduría General de la Nación en febrero del presente año, que también solicitó negar la pérdida de investidura al no encontrar elementos que configuraran las causales alegadas.
La senadora Isabel Zuleta ha reiterado que su único interés ha sido
contribuir a la construcción de paz, una causa que ha defendido históricamente desde la sociedad civil y que hoy continúa impulsando desde el Congreso de la República.
Este fallo no solo reafirma su legitimidad como senadora, sino que envía un mensaje claro: trabajar por la paz no es un delito y no puede ser perseguido.
Así mismo, se ratifica que la senadora ha actuado en el marco de la ley y sus funciones, y que existe una persecución contra el proceso de paz urbana, que se ha intensificado desde el Pacto por la Paz Urbana. Esta ha sido impulsada por sectores de la administración municipal y departamental, así como por concejales y diputados de Creemos y del Centro Democrático, a raíz del evento que convocó a la sociedad civil, a las víctimas, a la delegación del Gobierno y a voceros de estructuras armadas, y que algunos sectores del establecimiento antioqueño denominaron de manera despectiva como “tarimazo”.
