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Mediante providencia emitida en el día de hoy, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha decidido abstenerse de iniciar una investigación con respecto a una denuncia anónima en redes sociales difundida por la senadora María Fernanda Cabal.

Dicha denuncia, que hacía referencia a presuntas maniobras llevadas a cabo en un hotel de Medellín el 29 de mayo de 2022, con el objetivo de interferir en las elecciones presidenciales, ha sido objeto de un exhaustivo examen por parte de la Corte. Tras una rigurosa investigación, se ha determinado que no hubo ningún encuentro con la Misión de Observación Electoral (MOE), sino más bien una reunión con una delegación de la República Argentina encabezada por el senador Oscar Parrilli, la cual fue invitada por el Pacto Histórico como parte de las relaciones políticas de acompañamiento al proceso en Colombia. Dicha visita era de pleno conocimiento de las autoridades tanto nacionales como argentinas.

Asimismo, se ha constatado que mi actuación se desarrolló con estricto apego a las normas constitucionales y legales, sin que mediara ningún tipo de maniobra engañosa o conducta dirigida a obstaculizar o perturbar el normal desarrollo de los comicios electorales, por el contrario, como coordinadora electoral para Antioquia mi labor se concentró en lograr el máximo de garantías para el certamen electoral.

Es importante destacar que este proceso, al igual que otros que se han iniciado en mi contra en diversas instancias judiciales, forma parte de una campaña de persecución con el claro propósito de menoscabar el libre ejercicio de mis funciones como congresista del Pacto Histórico, orientadas hacia la promoción de cambios sociales y ambientales tan necesarios para nuestro país. Esta campaña busca generar incertidumbre entre los colectivos que nos respaldaron durante la campaña electoral y, sobre todo, distraerme de mi labor legislativa y de control político que siempre ha estado centrada en la presentación de propuestas y proyectos en beneficio de la ciudadanía.

Agradezco a la ciudadanía y a mis electores por su apoyo durante este proceso, así como por comprender la importancia de esta decisión favorable, que se suma a otras resoluciones emitidas por el Consejo de Estado y la Procuraduría. Estas decisiones no solo son un reconocimiento a mi integridad y compromiso con el ejercicio democrático, sino también un respaldo al mandato que me han otorgado los colombianos.