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Isabel Cristina Zuleta

Isabel Cristina Zuleta es una ambientalista popular, feminista comunitaria, amante de los ríos de Colombia, activista y defensora de los derechos humanos y ambientales de las comunidades.

Nace el 12 de abril de 1982, en el municipio de Ituango, Antioquia, donde vivió hasta los 14 años, cuando tuvo que salir desplazada de su pueblo para evitar que los paramilitares se la llevaran. Cursó estudios de sociología e historia en la Universidad de Antioquia y fue allí donde comenzó a habitar los espacios comunitarios, formando parte de grupos de mujeres víctimas del conflicto armado; allí encontró, en las causas colectivas de mujeres con una historia compartida, una forma de sanar a través del diálogo y la escucha de sus compañeras. Su interés por investigar e indagar sobre el conflicto armado en su región natal y su gusto de hablar con la gente, la llevó a recorrer las veredas de Ituango, para escuchar las historias de los campesinos de una zona marcada por la violencia, conocer de sus felicidades, sus necesidades y sus tristezas.

Fue así como conoció a muchas mujeres afectadas por el proyecto hidroeléctrico que se estaba gestando sobre el Cañón del río Cauca. Siendo profesora de la Universidad de Antioquia, fue invitada a un foro de discusión sobre el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango, cuyo debate consistía en si su construcción debía estar en cabeza de Empresas Públicas de Medellín (EPM) o de una Multinacional extranjera. Mientras académicos y miembros de los grupos económicos de la capital antioqueña defendían a EPM como titular del proyecto, Isabel era consciente de que la verdadera discusión, la primera discusión que debía darse, era si los habitantes del Cañón del río Cauca querían o no la presencia de un proyecto de tal magnitud en su territorio, y de que esta discusión no podía plantearse sino en el corazón de la comunidad.

Ante la inminente construcción de un proyecto que generaría afectaciones inmensas al río que la vio crecer, y que amenazaba con desdibujar la identidad y la autonomía de los pueblos ribereños del Cañón del río Cauca, Isabel decidió comenzar a gestionar actividades y foros en Ituango, así como en otros municipios que se verían afectados, para advertir de los peligros que representaba la obra. Así fue como comenzó el proceso organizativo del Movimiento Ríos Vivos, al comienzo sólo asistían mujeres a las reuniones, pero con el tiempo se fueron uniendo los barequeros, pescadores y agricultores, que, indignados de los atropellos, decidieron unir sus voces en denuncia colectiva.

Desde el año 2008 nace Ríos Vivos, y desde el año 2013, Isabel asume su vocería. Ríos Vivos es hoy una organización de segundo nivel que actualmente articula diecisiete asociaciones de base, conformadas por pescadores, barequeros y barequeras, agricultores, mujeres, campesinos y jóvenes de los municipios de la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, en las subregiones del Norte, Occidente y Bajo Cauca del departamento de Antioquia, que trabajan por la defensa de sus comunidades y sus territorios.

Hace parte de la Asociación de Mujeres en Defensa del Agua y la Vida (AMARÚ), articulada al Movimiento Ríos Vivos, organización feminista que moviliza recursos para apoyar a organizaciones de la diversidad de mujeres jóvenes colombianas, que trabajan autónomamente para el ejercicio pleno de su ciudadanía como sujetas de derechos y actoras en la construcción de un país en paz y con justicia social libre de machismo, racismo, clasismo y homofobia.

Ríos Vivos se ha caracterizado por ser un Movimiento de denuncia y de exigencia pacífica de sus derechos; aun así, Isabel y otros miembros del Movimiento han recibido señalamientos de pertenecer a grupos guerrilleros, así como numerosas amenazas y detenciones ilegales. Isabel ha sido víctima de vigilancia, intervenciones en sus comunicaciones, amenazas de muerte y criminalización debido a su denuncia pública de la marginación de las zonas rurales, la militarización de los territorios y el discurso generalizado de estigmatización a las luchas sociales y ambientales.

Para Isabel, escudriñar la relación del conflicto armado con la construcción del megaproyecto hidroeléctrico fue atar cabos sobre el porqué de las masacres, la desaparición forzada, la persecución a líderes y su aniquilamiento sistemático, la violencia armada a merced de la lógica desarrollista de los grandes grupos económicos del país. Las víctimas del conflicto armado son las mismas víctimas de Hidroituango, hombres y mujeres que enseñan al mundo la dignidad de recordar, de reconocer lo que se es y defender lo propio.

Es por esto que siempre se ha incluido entre las albores del Movimiento, el defender el derecho al duelo, la búsqueda de los desaparecidos, la verdad, justicia y reparación, la protección de los sitios de inhumación, la identificación de cuerpos sepultados en los cementerios de la zona, la protección de calvarios y otros íconos religiosos asociados a las costumbres de la zona que identifican como el último lugar en el que fue visto un ser querido, la protección de los sitios de memoria como puentes que atravesaban el río Cauca; esto a través de actividades de memoria y duelo colectivo, y la identificación, investigación, denuncia y procesos de litigio ante las autoridades.

En el año 2018, tras una década de trabajar por la defensa del territorio, recibe, en nombre del Movimiento Ríos Vivos, el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos como proceso colectivo.

A comienzos del 2020, fue aceptada como becaria en el Fellowship en Resiliencia de la Iniciativa Global en Contra del Crimen Organizado, para la construcción de una plataforma de colaboración intersectorial, global e interdisciplinaria para contrarrestar los efectos del crimen organizado. A partir de dicho año, hace parte del Consejo Departamental de Participación Ciudadana, instancia que atiende funciones y tareas de definición, promoción, diseño, seguimiento y evaluación de la política pública de participación ciudadana en el departamento, para el periodo 2020-2023, como representante del sector ambiental. Además, representa al Movimiento en la Red Latinoamericana de comunidades afectadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En 2021, tras recibir el mandato de las comunidades, conforma, junto a otros procesos colectivos, el Movimientro por el Agua y por la Vida con el que comienza un intenso trabajo político que resulta en su postulación como candidata al Senado de la República en la lista del Pacto Histórico.

Su feminismo ambientalista y comunitario, define la postura desde la cual asume y desarrolla su activismo, en desacuerdo con la violencia y cualquier tipo de expresión armada, desde la teoría del cuidado, de pelear con el corazón por la autodeterminación del pueblo cañonero, por una visión propia de su pasado, presente y futuro, por una justicia ambiental, climática, energética, ecológica, hídrica y alimentaria. Su fuerza la ha convertido en un referente ineludible en materia de derechos humanos y ambientales en Colombia.

 

Referencias bibliográficas

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