Víctimas, comparecientes de la Fuerza Pública y representantes de la JEP advirtieron sobre los riesgos del Proyecto de Acto Legislativo 04 de 2026 para la verdad, la justicia y la seguridad jurídica.
La senadora Isabel Zuleta reiteró su solicitud de archivar el Proyecto de Acto Legislativo 04 de 2026 Senado, que busca permitir que la justicia penal militar revise las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a miembros de la Fuerza Pública.
Durante la audiencia pública realizada el 05 de octubre en la Comisión Primera del Senado, la congresista señaló que la proposición de archivo fue debidamente radicada ante la Secretaría de esa comisión y destacó que las intervenciones de víctimas y representantes de la JEP respaldaron los argumentos para frenar la iniciativa.
“Ni un derecho menos: esa es la voz de las víctimas. No podemos cambiar las reglas de juego ni poner en riesgo sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación”, afirmó Zuleta.
La senadora advirtió que el proyecto establecería una revisión automática de las sentencias contra miembros de la Fuerza Pública, suspendería su ejecución mientras se resuelve la revisión y permitiría al Tribunal Superior Militar sustituir íntegramente las decisiones de la JEP. A su juicio, estas disposiciones le quitarían a la jurisdicción su carácter de órgano de cierre y podrían prolongar aún más la espera de las víctimas.
Por su parte, el magistrado de la JEP Camilo Suárez Aldana advirtió que la iniciativa afectaría los derechos de las víctimas y el esclarecimiento de la verdad. Asimismo, destacó la necesidad de que Colombia garantice que estos crímenes continúen siendo juzgados por un tribunal autónomo e independiente, en el marco del principio de complementariedad.
Desde la voz de los comparecientes, el teniente coronel retirado del Ejército Luis Fernando Borja Aristizábal expresó su preocupación por que un cambio en las reglas ponga en riesgo su permanencia en el sistema. Explicó que acudió voluntariamente, junto con su abogada, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para buscar medidas de protección y garantías que le permitan continuar aportando verdad y asumiendo responsabilidades con seguridad jurídica.
“Las víctimas merecen toda la verdad y Colombia merece conocerla”, manifestó el compareciente, quien subrayó que su permanencia en la JEP no busca evadir responsabilidades.
Este testimonio, señaló Zuleta, contradice los señalamientos según los cuales la JEP estaría presionando a los comparecientes para acudir a instancias internacionales. La senadora insistió en que son los propios comparecientes y sus familias quienes reclaman decisiones oportunas y garantías de seguridad jurídica.
Jacqueline Castillo, de MAFAPO Colombia, también rechazó el proyecto. Recordó que, tras ocho años de trabajo ante la JEP, las víctimas han logrado avances en verdad y justicia, así como el reconocimiento de que las ejecuciones extrajudiciales respondieron a una práctica sistemática y no a hechos aislados atribuibles a unas pocas “manzanas podridas”. Advirtió que trasladar nuevamente la revisión de las sanciones a la justicia penal militar podría abrir el camino a la impunidad.
La agenda de la audiencia incluyó a MAFAPO Colombia, el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Fenacoa, el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR), la Corporación Jurídica Yira Castro, la Corporación Jurídica Libertad, Asocampesinos, la Junta de Acción Comunal de Chipayá, Gestores de Restauración , la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), entre otras.
Zuleta reiteró que las voces escuchadas en la audiencia deben traducirse en decisiones del Congreso y anunció que continuará impulsando la proposición de archivo. “No se les pueden cambiar las reglas de juego a estas alturas del proceso. No tergiversen sus voces para atacar la justicia transicional”, sostuvo.
