Bogotá, 27 de julio de 2026. La senadora Isabel Zuleta denunció públicamente el operativo adelantado por la administración del alcalde Federico Gutiérrez en el barrio Moravia, Medellín, durante la madrugada del pasado viernes 24 de julio, en el que fueron desalojados vendedores de la economía popular y destruidos sus espacios de trabajo.
A través de un video divulgado en sus redes sociales, la congresista evidenció la presencia de un amplio despliegue de fuerza pública en el sector, con militares portando armas largas, mientras se ejecutaba el operativo contra la comunidad.
De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el procedimiento inició hacia las 4:00 de la mañana y se realizó sin que, presuntamente, existiera una notificación previa a las personas afectadas. Los vendedores denuncian que sus locales fueron destruidos y que se vulneró su derecho al trabajo y al mínimo vital.
La comunidad también denunció que, durante el operativo, la vendedora Yésica Vanesa Muriel fue golpeada por miembros de la fuerza pública, recibió una descarga con un dispositivo eléctrico tipo táser y posteriormente fue detenida. La senadora Isabel Zuleta solicitó que estos hechos sean investigados con celeridad y que se esclarezca si hubo un uso desproporcionado de la fuerza y vulneraciones a los derechos humanos.
A la fecha, según denuncian habitantes de Moravia, el sector continúa con una fuerte presencia de efectivos de la Policía y funcionarios de Espacio Público, una situación que, afirman, ha generado un ambiente de intimidación, zozobra y temor entre la comunidad, especialmente entre quienes dependen de la economía popular para su sustento.
«La respuesta de un gobierno no puede ser la militarización y la destrucción del sustento de quienes sobreviven gracias a la economía popular. El Estado debe proteger derechos, no profundizar la exclusión social», señaló la senadora Zuleta.
La congresista hizo un llamado a la Personería de Medellín, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación para que adelanten las investigaciones correspondientes, verifiquen las denuncias de la comunidad y garanticen los derechos de las personas afectadas.
Finalmente, reiteró que la economía popular requiere políticas públicas de inclusión, concertación y fortalecimiento, y no operativos que agravan la vulnerabilidad de cientos de hogares que dependen de su trabajo diario para subsistir. La senadora insistió en que la administración de Federico Gutiérrez debe cesar las acciones de intimidación contra la comunidad y abrir espacios de diálogo que permitan encontrar soluciones dignas para las familias afectadas.
