En Colombia, como ciudadanos y ciudadanas, tenemos derecho a diferenciar entre propaganda y noticias, opinión e información, y periodismo y campaña. Para ello, es crucial conocer los intereses que están detrás de los medios de comunicación: quiénes son sus propietarios, cómo se financian y a quién benefician estas poderosas empresas que pueden moldear preferencias, posicionar productos e incluso determinar el rumbo político del país. Si no, que nos expliquen casos como el del Grupo Gilinski, la Revista Semana y Vicky Dávila.
En ejercicio de este derecho, presenté un Derecho de Petición a estas grandes empresas mediáticas para preguntarles quiénes son sus dueños y cuáles son sus fuentes de financiación. En lugar de respuestas, recibí una campaña de desprestigio, acusándome de vulnerar su libertad de prensa.
Pero, ¿Quién dijo que la libertad de prensa significa amparar el anonimato de grupos que se niegan a revelar los intereses detrás de sus campañas políticas o comerciales? ¿En qué momento se perdió la obligación de ser transparentes y de garantizar calidad en la información que ofrecen?
Ahora, he tenido que recurrir a la acción de tutela para buscar respuestas. Será entonces la justicia quien defina hasta dónde llega el derecho a la información en un Estado Social de Derecho como el nuestro.
El debate está sobre la mesa: ¿deberían los medios masivos rendir cuentas sobre los intereses que representan?