Falta de acción por parte de la Fuerza Pública y el Ministerio Público
Las cifras oficiales indican que 977 campesinos se encuentran desplazados de manera forzosa de 21 veredas de las 35 que tiene el Municipio, la comunidad denuncia falta de atención por parte del Ministerio Público en pro de la garantía de sus derechos, no hay atención a la situación humanitaria por parte de la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo ni la Procuraduría General de la Nación.
El pasado 17 de noviembre las autodenominadas AGC Autodefensas Gaitanistas de Colombia incursionaron en la Vereda Las Auras del Municipio de Briceño, asesinaron a un líder comunitario, confinaron la población, amarraron y torturaron a integrantes de la comunidad y pese a que el grupo armado permaneció en la misma vereda sólo hasta el tercer día hubo reacción por parte de la Fuerza Pública.
Este fue el inicio de una avanzada paramilitar sobre el municipio de Briceño que ya completa 21 días continuos, que estaba más que diagnosticada desde la Alerta Temprana 004-20 de la Defensoría del Pueblo. El grupo armado en mención no sólo mantiene la misma ruta sino que se está moviendo con grupos grandes de hombres armados y uniformados, las comunidades se los han encontrado en los mismos caminos en los que han visto a la Fuerza Pública, con poca distancia de diferencia. Todos estos factores hacen que sea altamente probable que el Ejército Nacional los intercepte y hasta el día de hoy no se ha presentado una sola acción para neutralizar a las AGC.
En la práctica, la ausencia de confrontación y los movimientos de la Fuerza Pública terminaron por favorecer la avanzada de las AGC en el municipio de Briceño. Aunado a esto, preocupa que cuando se exige al Ejército intervenir en la situación en diferentes escenarios institucionales, algunos oficiales incluso Generales, manifieste molestia pues aduce que de las mismas veredas los soldados han salido expulsados por las comunidades en épocas pasadas.
Si nuestra Fuerza Pública no logra entender la complejidad del territorio y la forma en la que las comunidades se ven obligadas a actuar, muchas veces por presiones de los grupos armados, volveremos a los tiempos en que los campesinos eran señalados como parte de un bando, sólo por el hecho de estar obligados a convivir con un actor armado, sea legal o ilegal.
La atención de una crisis humanitaria por parte de las entidades del Estado Colombiano no puede estar sesgada por hechos preexistentes de relacionamiento con las comunidades, es obligación de las instituciones públicas garantizar los derechos de absolutamente todos los colombianos. La totalidad de la población del municipio de Briceño es victima del conflicto armado y ha sufrido ataques de actores armados legales e ilegales, han resistido y permanecido en el territorio sin importar el poder armado de turno, que un día puede ser insurgente, al otro paramilitares, después la Policía Nacional y posteriormente el Ejército.
Entender esta realidad y buscar las formas de superar esas prevenciones, que se convierten en señalamiento o estigmatizaciones para los pobladores, es lo que realmente puede llevar a la Fuerza Pública a construir relaciones de confianza con las comunidades que no tienen la culpa de haber nacido en un territorio tan codiciado por los armados.